Hoy el Tribunal Constitucional debía hacer público el fallo que acogió el requerimiento de 36 legisladores de declarar inconstitucional el decreto del Ministerio de Salud que disponía la entrega de la píldora del día después en consultorios públicos. Sin embargo, el viernes en la noche la institución nos sorprendió a todos y anunció los detalles del polémico informe.
A pesar de que lo esencial del dictamen era conocido, estos señores se dieron el lujo de barrer así, con 40 años de avances en investigación médica, en políticas públicas de salud y en derechos y libertades individuales. Forzado por la presión ciudadana el TC debió adelantar, por primera vez en su historia, los alcances del fallo, que desde el punto de vista biológico es absolutamente equivocado, porque justamente, por querer proteger la vida, lo que se está haciendo es terminar con un método viable de anticoncepción. De esta manera, reafirmaron con un frío comunicado, que además constituye jurídicamente una ilegalidad, ya que es de público conocimiento que el ministro Bertelsen entregó su opinión anticipada, hace mucho tiempo atrás, sobre esta materia. Incluso en los argumentos que él dio para estar en contra de la píldora del día después ocupó el mismo informe que entregó en un juzgado el año 2004. Considero que eso inhabilita a Bertelsen. Por su parte, el ministro José Luis Cea, entregó una declaración el 4 de abril, firmada por él, en la cual anticipó una opinión con publicidad cuando el fallo se encontraba en redacción. De acuerdo con los principios de legalidad y del debido proceso, un ministro del Tribunal Constitucional no puede entregar opinión previamente, sin que se conozca el fallo.
Estos ministros se encontraban inhabilitados para fallar en esta materia y, por tanto, lo que correspondería en estas circunstancias es que este dictamen sea declarado nulo y se proteja la libertad de decidir, la equidad y la ley de la vida, en vez de favorecer la rentabilidad de las farmacias.
A pesar de que lo esencial del dictamen era conocido, estos señores se dieron el lujo de barrer así, con 40 años de avances en investigación médica, en políticas públicas de salud y en derechos y libertades individuales. Forzado por la presión ciudadana el TC debió adelantar, por primera vez en su historia, los alcances del fallo, que desde el punto de vista biológico es absolutamente equivocado, porque justamente, por querer proteger la vida, lo que se está haciendo es terminar con un método viable de anticoncepción. De esta manera, reafirmaron con un frío comunicado, que además constituye jurídicamente una ilegalidad, ya que es de público conocimiento que el ministro Bertelsen entregó su opinión anticipada, hace mucho tiempo atrás, sobre esta materia. Incluso en los argumentos que él dio para estar en contra de la píldora del día después ocupó el mismo informe que entregó en un juzgado el año 2004. Considero que eso inhabilita a Bertelsen. Por su parte, el ministro José Luis Cea, entregó una declaración el 4 de abril, firmada por él, en la cual anticipó una opinión con publicidad cuando el fallo se encontraba en redacción. De acuerdo con los principios de legalidad y del debido proceso, un ministro del Tribunal Constitucional no puede entregar opinión previamente, sin que se conozca el fallo.
Estos ministros se encontraban inhabilitados para fallar en esta materia y, por tanto, lo que correspondería en estas circunstancias es que este dictamen sea declarado nulo y se proteja la libertad de decidir, la equidad y la ley de la vida, en vez de favorecer la rentabilidad de las farmacias.
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